Feria Internacional del Libro
Gobierno Abierto del Poder Judicial

Oficina de Defensa del Litigante

La Oficina de Defensa del Litigante (ODL) es un espacio que se utiliza para canalizar los reclamos, sugerencias y consultas de los abogados y las partes intervinientes en un proceso judicial. Funciona para los fueros Contencioso Administrativo y Tributario y Penal Contravencional y de Faltas, con el fin de contribuir a la mejora y transparencia del servicio de Justicia, mediante procedimientos ágiles, fáciles y gratuitos.

¿Cómo realizar una consulta, sugerencia, reclamo o denuncia?

Llamando al 4894-0971/2 de Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.
Personalmente: En Lavalle 369/71 PB, de lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
Por email: defensa.litigante@jusbaires.gov.ar 
(detallando sus datos personales,
teléfono de contacto y motivo de su consulta, sugerencia, reclamo o denuncia).
También desde el sitio web litigante.jusbasires.gob.ar
descargando la aplicación en el celular o al teléfono 4314-0616. Para ello sólo son necesarios número de expediente,
número de juzgado donde tramita la causa y datos personales.


¿Cuáles son las funciones de la Oficina de Defensa del Litigante?


Entre sus funciones se encuentran recibir, registrar y realizar un seguimiento de las consultas, reclamos, sugerencias y denuncias de los usuarios del servicio de justicia, referidas a la atención recibida por parte de los agentes judiciales, la existencia de demoras injustificadas en la resolución de sus asuntos o cualquier otra situación insatisfactoria respecto a la justicia porteña.

Por otro lado, también tiene a su cargo formular recomendaciones al Consejo de la Magistratura, a los Jueces, Fiscales y Defensores de la Ciudad y puede convocar a las organizaciones vinculadas al mundo del derecho y centros de estudios para crear un ámbito participativo de debate permanente

A partir del conocimiento y sistematización de los datos que reúna la ODL, el Consejo de la Magistratura estará en mejores condiciones de impulsar la corrección de errores, proponer mejoras y reglamentar los cambios que sean necesarios para estructurar un sistema judicial que cumpla con sus cometidos constitucionales y legales.